El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de más de 700 millones de dólares en bienes vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, en un operativo que incluye la confiscación de dos jets privados —entre ellos un Dassault Falcon 900EX que fue retenido en República Dominicana y trasladado a Florida—, varias propiedades de lujo como una mansión en República Dominicana y otras residencias en Florida, una finca ecuestre, nueve vehículos de alta gama, millones de dólares en joyas, efectivo y otros artículos de valor.

La fiscal general Pam Bondi calificó la operación como un acto contra “el crimen organizado, no diferente a la mafia”, subrayando que el régimen de Maduro sigue en funcionamiento a pesar de las medidas. Paralelamente, Washington duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida por el gobierno estadounidense para un individuo, argumentando su liderazgo en el denominado “Cartel de los Soles” y sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

En Caracas, Maduro recibió el respaldo inmediato de sus más altos funcionarios, quienes rechazaron la medida de Estados Unidos como un acto con motivaciones políticas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el canciller, Yván Gil, tildaron las acusaciones de infundadas y parte de una campaña propagandística, mientras el chavismo cerraba filas en defensa del mandatario.